Se trata de la segunda prórroga consecutiva y, a pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.

La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero.

Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan: Deudas por cajas previsionales; Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP); Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Según informaron fuentes oficiales, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares. Sin embargo, desde Balcarce 50 insisten: “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.

Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno. esto es día a día”, comentó una fuente oficial.

Por su parte, un importante alfil libertario afirmó: “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”.

Sin acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.

El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero.

Discrecionalidad en la asignación de recursos

Esta medida otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, lo que podría generar tensiones adicionales con las provincias y organismos internacionales como el FMI.

En este complejo panorama, el Gobierno apuesta a mantener su premisa de déficit cero, mientras las provincias exigen respuestas concretas a sus demandas. La incertidumbre sobre el futuro del presupuesto 2025 continúa, con febrero como un posible punto de inflexión.
 

La oposisión rechazó la medida

Diputados opositores rechazaron este lunes la decisión del Gobierno de prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto para el próximo año, mientras que desde la Libertad Avanza se acusó a la política de no haber aceptado la política de déficit cero.

El Poder Ejecutivo extendió la vigencia del Presupuesto 2023 -aprobado en diciembre de 2022- luego del fracaso de las negociaciones con los bloques dialoguistas para sancionar la ley de leyes.

Uno de los principales motivos de la falta de acuerdo fueron los reclamos de las provincias que solicitaban mayores recursos por coparticipación, obras públicas y financiamiento de las cajas previsionales.

Desde el Gobierno argumentaron que “las provincias están pidiendo en total 3.700 millones de dólares. Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada”.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, rechazó las críticas opositoras y acusó a sectores políticos opositores de ser los responsables de que no se haya aprobado la ley de Leyes.