Se entendía y en razón de ello fue otorgado este derecho a las primeras magistraturas, a los efectos de que pudieran, en una primera instancia, rechazar alguna norma legal que legislativamente por la existencia de intereses cruzados políticos, representaran un riesgo para la gobernabilidad.

No se supone objetable en tanto, en una Democracia, deben existir los canales que permitan consensuar y acordar en torno a cualquier normativa que se instrumente desde el Poder Ejecutivo, conciliando los diferentes posicionamientos que, naturalmente, se producen donde fluyen estructuras ideológicas muy diferenciadas. Hoy, esas condiciones no se dan.

Hasta aquí no existen reparos en cuanto a la utilización de la facultad legal, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias intermedias que existen hasta que llega a las manos de quien debe promulgarlas y convertirlas en ley.

La reacción presidencial viene pronunciándose por la utilización de este mecanismo, si los contenidos de la Ley Bases o de cualquier otra medida que proceda del Poder Legislativo, no está en línea con sus pretensiones.

Las negociaciones del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, van también en esa dirección, atento a sus pronunciamientos ante diferentes entrevistas con la prensa, donde ha señalado: aquello que no coincida con la voluntad presidencial, será pasible de la utilización del veto.

Así planteado parece un formulismo extorsivo, como entendemos lo han sido las reformas económicas aplicadas desde el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, hacia los Estados Provinciales, que no han acatado las órdenes del gobierno nacional y sus diputados y senadores han votado oponiéndose a contenidos que resultaban nocivos para el desarrollo de los Estados Federales. Las transferencias -en este mes- están tocando el resultado cero.

En estos momentos se está desarrollando en el seno del Senado de la Nación, en plenario de comisiones, el análisis de la nueva fórmula jubilatoria que impulsa la oposición; el proyecto que ya fuera aprobado semanas atrás por la Cámara baja.

Sin que se sepa oficialmente, los trascendidos afirman que no existen problemas en la Cámara Alta para darle el voto positivo, que de concretarse sería remitida al Ejecutivo para su promulgación.

Esta posible alternativa ya fue motivo para que Javier Milei hiciera conocer su opinión al referirse negativamente al proyecto y que: “Será, sin más trámite: vetado”.

Normalmente esto se llama: “extorsión”. En la etapa mileista podrían caber otras definiciones, pero es lisa y llanamente una imposición, o sale tal como pretende el gobierno o no sale. El motivo esgrimido está relacionado con el equilibrio fiscal que, sostienen, su aplicación podría ponerlo en riesgo.

La mejor decisión sería establecer caminos de negociación, donde se tengan en cuenta todas las alternativas, pero fundamentalmente las que está necesitando la clase pasiva para salir de la pendiente negativa en la que se encuentra actualmente y que solo los está llevando a niveles de pobreza y necesidad incomprensibles.

La ley propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El texto también incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización.

Así, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Una situación de estricta justicia social, que desde hace años se viene reclamando.

A esta altura los posicionamientos que han trascendido indicarían que no habría demasiado inconveniente en torno a su aprobación; aunque no está demasiado claro el objetivo de concretar una norma, aparentemente consensuada que beneficiará a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad y se sabe de antemano que sufrirá el veto presidencial.

Solo resta pensar en una estrategia política para desvalorizar la figura presidencial.

Se supone un contenido perverso, que tiene claros objetivos personales o sectoriales, cuando -procurando pensar bien- todo se hace para paliar y morigerar las dificultades de nuestros mayores, pero de antemano es rechazado por quien tiene que promulgarla.

Todo estaría indicando que algo no funciona. Los intentos por conciliar posiciones, que no significa resignar ideologías, se bastardea en cuestiones de neto corte político, priorizando los intereses de los sectores políticos en pugna.

Todo este juego previo, atento a que aquello que se discute pertenece al primer envío masivo de reformas DNU y Ley Bases, que quedaron sin resolver, alertan sobre el futuro que elabora el nuevo ministro regulador, Federico Sturzenegger que amenaza constiuirse en la “tormenta perfecta” para los próximo meses.

Mientras esto sacude diferentes capas sociales de la ciudadanía, Javier Milei se apresta a la firma del Pacto de Mayo, en un acto en Tucumán el próximo 8 de julio, a las 23 horas. Nadie sabe -solo Milei- los alcances de los 10 puntos que pretenden ser la “Moncloa argentina”. Y a ciencia cierta nadie puede asegurar presencias a excepción de LLA y oposición colaboradora.

El resultado, una nueva incógnita, aquello que no varía son los que sufrirán las consecuencias: los argentinos.

El juego inicia el segundo tiempo.