Un comunicado que lleva las firmas del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello y del presidente de EMPATEL SAPEM, Andrés Zulueta, señala lo siguiente: "Este fondo permitía, entre otras cosas, realizar obras para llevar internet y señal de celular a localidades donde no invertían las grandes empresas y ejecutar programas de inclusión digital, como la entrega de tablets a adultos mayores.

Corresponde resaltar que esta equivocada y perjudicial decisión del Gobierno nacional es llevada a cabo por las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la Nación en la Ley Bases. Dicha Ley, fue votada en el caso de La Pampa por la totalidad de los legisladores de Juntos por el Cambio. Es necesario clarificar al pueblo pampeano de quienes son los responsables locales de que medidas como estas se puedan perpetrar.

Con la eliminación del Fondo de Servicio Universal (FSU), un fondo que hoy asciende a más de 250 mil millones de pesos, se profundiza la desigualdad y se roba la esperanza de una Argentina cada vez más conectada. Con la sola firma de un decreto se está derogando un fondo creado por ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esperamos que el Congreso no avale este decreto, ya que sería un golpe a la conectividad del interior del país.

Para entender la magnitud de esta decisión, según información publicada por ENACOM, más de 2.000 pueblos de Argentina no tienen acceso a telefonía móvil. Solo con la mitad de ese fondo inmovilizado se podría conectar a estas localidades. El fondo no es un invento de un partido político, de hecho, trascendió gobiernos de diferentes signos partidarios, sino una política implementada en todo el mundo, incluido Estados Unidos, con un fondo que lleva el mismo nombre en inglés.

La fuente de financiamiento del FSU es el 1% de los ingresos netos de las empresas de telecomunicaciones. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, para las grandes multinacionales del sector no lo es. Es curioso que el vocero presidencial anunció en agosto de 2024 que iban detrás de una deuda de 3.000 millones de pesos de dos multinacionales al FSU y hoy se anuncia la disolución de ese fondo. Por tal motivo, no sería extraña la presencia del lobby de un sector de multinacionales que ya se ha manifestado a favor de esta medida, a pesar de que en otros países la promueven y utilizan sin objeciones.

Desde sectores vinculados al Gobierno nacional se critica -intencionalmente- que los fondos habrían sido dirigidos a organizaciones civiles, cooperativas y empresas provinciales, pero se omite que con dichos fondos también beneficiaron a pymes y empresas de telecomunicaciones privadas. Utilizan además ejemplos distorsionados para eliminar este programa, pero no los logros concretos, y se miente cuando dicen que las SAPEM compiten contra el sector privado. No mencionan cómo, por ejemplo, desde Empatel se hizo el tendido de la fibra óptica en 22 localidades que hoy utilizan 23 empresas y cooperativas de La Pampa, conectando a más de 7.400 hogares en localidades donde la inversión privada nunca llegaría por su baja escala, pero donde hay demanda de servicios públicos como acceso a la salud y la educación. Tampoco mencionan que el financiamiento no fue exclusivo del FSU, sino que, considerando las fuentes no financiables, representa solo el 30% del financiamiento total, siendo la mayor carga aportada por las propias provincias.

Podemos dar como ejemplo a Cuchillo Có, un pueblo ubicado a más de 100 km de distancia de cualquier otra localidad, que ahora tiene acceso a internet con velocidades de 100 Mbps de descarga. También en Carro Quemado, donde un cableoperador y una pyme pueden utilizar la red neutra de la Provincia para dar internet de alta velocidad a 120 hogares. Además, se realizaron estudios de opinión en localidades donde más del 95% de los encuestados reconoce una mejora del servicio.

Las empresas provinciales de La Pampa accedieron a dos programas de aportes no reembolsables y tienen, desde hace varios meses, rendiciones presentadas y aprobadas por ENACOM, y a la fecha no hubo ningún avance administrativo por parte del organismo para continuar desembolsando los fondos comprometidos. La demora es tal que, para evitar la paralización de las obras, se ha decidido proseguir con las mismas pese a la inacción del organismo nacional.

Lamentamos que las políticas de telecomunicaciones impulsadas por este gobierno solo incluya a las multinacionales y a los grandes actores del negocio, sin considerar ni hacer parte a los gobiernos provinciales, quienes son los principales receptores e interesados de la demandas de la población. Hay que propiciar que quienes inviertan obtengan ganancias, pero fundamentalmente, hay que garantizar también los derechos de la ciudadanía.

Argentina es un país grande en términos de territorio, pero concentrado en términos de población. Los seis conglomerados más grandes de nuestro país concentran más del 50% de la población y es hacia donde, por abrumadora mayoría, se dirigen las inversiones privadas. La pregunta que nos debemos hacer es cómo llevamos infraestructura e inversiones al otro cincuenta por ciento de la población para que el crecimiento de nuestro país llegue a todos sus rincones, y eso, seguro, no se hace con menos Estado, sino con un estado inteligente, eficiente y promotor de acciones que garanticen derechos. 

Eliminar el Fondo de Servicio Universal es una política que va a hacer un daño tremendo a nuestro país, su gente y promoverá el desarraigo con todas las consecuencias económicas y sociales que eso conlleva".