Durante 2024, el primer año del llamado “plan motosierra”, la recaudación nacional cayó -8,3% en términos reales. Pero esa caída no fue pareja: los recursos coparticipables se desplomaron un -12,3%, mientras que los no coparticipables apenas retrocedieron -1,2%. ¿Qué significa esto? Que el ajuste no lo soportó la Nación, sino las provincias, que vieron esfumarse ingresos esenciales para sostener servicios públicos básicos.
Las decisiones impositivas del gobierno nacional fueron clave en este proceso. Se reintrodujo el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría -golpeando directamente a trabajadoras y trabajadores que volvieron a pagarlo-, se eliminó la devolución del IVA -que beneficiaba fundamentalmente al consumo popular- y se redujeron las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales en el marco de un blanqueo a tasa cero, un verdadero “ofertón” para los ricos.
Todo esto, mientras se subía el impuesto PAIS y a los combustibles, al tiempo que la recuperación del agro post-sequía aseguraba ingresos por vía de las retenciones, todos impuestos de nula o baja coparticipación. El resultado es tan claro como brutal: los de arriba pagan menos, los de abajo, más, y las provincias y los municipios reciben menos recursos.
En lo que va de 2025, a pesar de los resultados publicados por ARCA en estos primeros meses del año, esta dinámica se profundiza. Aunque el gobierno intenta instalar la idea de una economía en franca recuperación, los datos de recaudación lo contradicen. En el primer trimestre, los ingresos totales cayeron -4,1%, con un desplome del -8,8% en el IVA, impuesto que depende de la dinámica del consumo.
La supuesta mejora en la coparticipación, de apenas +1,2%, está lejos de compensar la sangría de 2024 para las provincias. Si se observa el acumulado desde que Milei asumió, las provincias siguen en rojo por más de 15 billones de pesos. No hay milagro fiscal: hay un Estado nacional que consolida sus recursos a costa de los territorios, y un modelo de financiamiento regresivo, que castiga a las mayorías.