Como este medio informó oportunamente, el juez contravencional piquense Maximiliano Boga Doyhenard condenó a una educadora identificada como Ana Contreras a la pena de 60 días-multa, equivalente a 913.800 pesos “por ser autora de la figura de maltrato psíquico a una adolescente, que está prevista en el artículo 121, inciso 1º del Código Contravencional de La Pampa”, se indicó en el fallo.

Ahora, desde la UTELPa se indicó que “la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ha contribuido directamente a los perjuicios sufridos por la docente involucrada”, y se reclamó su absolución.

El gremio docente pampeano advirtió que “esta situación no solo afecta a la profesional, sino que establece un precedente alarmante para toda la comunidad educativa, exponiendo al sistema escolar a intromisiones indebidas que vulneran derechos laborales y pedagógicos. Garantizar marcos protectores es indispensable para evitar que estos episodios se repitan”, apuntó la UTELPa.

En otra parte de un escrito, el sindicato puntualizó que “la judicialización de conflictos educativos refleja la ausencia de aplicación de protocolos diseñados para resolver situaciones en el ámbito escolar, como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación”.

“Estas herramientas deben garantizar la autonomía de las instituciones y defender una educación pública libre de injerencias externas”, agregó.

Más adelante la UTELPa subrayó: “Exigimos que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad, fortalezca los espacios de escucha y acompañamiento, y proteja a las y los docentes frente a medidas arbitrarias que comprometan su estabilidad laboral y pedagógica”.

El gremio también señaló que “junto a CTERA, reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la absolución de la docente Ana Contreras y exigimos el fin de la intromisión judicial en las escuelas. Este mensaje es un respaldo claro y contundente a las y los trabajadores de la educación y un llamado firme a las autoridades ministeriales y al sistema judicial para que respeten los derechos educativos y democráticos que sostienen nuestro sistema educativo”, completó.

Repudio

En las últimas horas también se sumaron al repudio del fallo judicial la Coordinación Nacional Docente de Sindicatos, la Federación Nacional Docente y distintas seccionales y agrupaciones del ámbito educativo.

"Rechazamos este avasallamiento de la libertad de expresión y de cátedra, como los posicionamientos de adoctrinamiento que pretenden imponer un pensamiento único”, se indicó en un texto acompañado por las firmas de gremios de La Pampa y otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Jujuy, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Misiones, San Juan y Tierra del Fuego.

Asimismo indicaron que “la construcción social del conocimiento implica miradas múltiples y formar con sentido crítico. Su judicialización y penalización genera temor, alarma y rechazo en la docencia y la comunidad educativa, porque actúa como disciplinador de qué y cómo enseñar, en un precedente gravísimo. De ningún modo un comentario en una situación de formación puede derivar en un proceso judicial y una multa millonaria”.

Sanción judicial

“De la valoración integral de la prueba producida en el juicio, puedo concluir que se probó que los comentarios ofensivos atribuidos a la imputada en la denuncia existieron y lo fueron en el contexto referido por la estudiante y sus compañeras”, indicó en el fallo el juez Boga Doyhenard.

Se acotó en el escrito que en la denuncia, el padre de la adolescente sostuvo que la docente, “aún teniendo conocimiento del origen israelí de su hija, de haber vivido su infancia allí, de tener familia y amigos en la zona del conflicto”, afirmó que “el presidente de Israel es una persona de derecha y por lo tanto tenía ideas retorcidas, que lo que estaba haciendo el grupo Hamas estaba bien, acerca de la matanza de civiles e infantes, que todo el que vivía en Israel era un genocida o terrorista y que todo era culpa del pueblo judío”.

El juez sostuvo luego que “la acusada introdujo adrede el tema del ataque terrorista de Hamas a Israel y no surgió que el relato haya sido formulado desde la “neutralidad”, como recalcó ella en su defensa, sino por el contrario todos los testimonios resaltaron con marcada contundencia que los comentarios fueron en favor del grupo terrorista Hamas, de que estaba bien lo que estaban haciendo, justificando la matanza de civiles en Israel y en contra del pueblo judío, calificando a ambos como “genocidas”.

Más adelante, el magistrado remarcó “la falta de empatía que caracterizó a la acusada durante el hecho y la imposibilidad de los alumnos presentes de dar una opinión diferente, como refirieron ocurre siempre en las clases de la imputada, lo que contrasta palmariamente con lo expresado por ésta de que al dar clases escucha todas las opiniones, promueve el debate y pone al alcance de los educandos todos los argumentos a favor y en contra de cada postura. Es indiscutible que, del registro de voces recuperadas de las adolescentes, en absoluto se puede afirmar que los comentarios respecto al ataque terrorista de Hamas vertidos por la acusada hayan sido formulados recurriendo a la neutralidad”.

Por último, Boga Doyhenard afirmó que “fue fácil colegir, además, que en el caso que nos ocupa no existió censura previa ni mucho menos, habiendo gozado la acusada de un marco de absoluta libertad en el desempeño de su tarea docente en el aula y en la inclusión de temas como lo realizó. Toda persona debe tener derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma; ahora bien, también es plenamente responsable por las consecuencias de su accionar”.