El legislador sostuvo que “clamente, sancionar una ley que impida a las personas condenadas por cualquier delito y en cualquier instancia, acceder a cargos públicos representativos y de gestión, se constituye de antemano en una necesidad coyuntural y a la vez en una herramienta estructural para sanear nuestra democracia. Esto queda en evidencia si nos remitimos a las expresiones formales con las cuales han avanzado en Argentina una importante cantidad de jurisdicciones. En este sentido, Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Tucumán y Santa Fe incorporaron Ficha Limpia a sus normas electorales. Decenas de ciudades hicieron lo propio dentro de su régimen municipal, entre ellas varias de población significativa como Bahía Blanca, Mar del Plata, San Isidro, Cañuelas, Pergamino u Olavarría y algunos municipios de Córdoba (Río Tercero, en abril de este año)”.

“Asimismo, Países como Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España cuentan con legislación de esta naturaleza. A propósito, el objeto de estas leyes es reforzar la ética pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, garantizando que quienes aspiren a representar a la sociedad sean personas idóneas y sin antecedentes que puedan comprometer el interés público”. sostuvo Lovera.

Añadió que “el objeto de estas leyes es reforzar la ética pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, garantizando que quienes aspiren a representar a la sociedad sean personas idóneas y sin antecedentes que puedan comprometer el interés público”.

Vale decir que hemos accedido a un trabajo del año 2023, de nuestra Universidad que realiza un análisis, a nuestro criterio bastante claro acerca de este tema, teniendo en cuenta antecedentes y algunos otros aspectos que es conveniente resaltar”.

Recordó que “existen proyectos, incluso con dictámenes no aprobados, que prevén modificar uno de los artículos de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos con el propósito de regular las inhabilidades para ser precandidatos en elecciones primarias y generales, a cargos públicos electivos nacionales, también para ejercer cargos partidarios.

“A propósito, y con la intención de iniciar nuevos debates en torno a este tema, durante los primeros días de agosto del año 2024, comenzaron a reunirse en la Cámara de Diputados de la Nación, las comisiones para tratar estos proyectos que en definitiva, tienen por objeto impedir que las personas políticas condenadas sean candidatas. Desde La Libertad Avanza proponen tomar las condenas en primera instancia. Mientras que otros bloques, como es el caso del PRO, plantean que estas condenas deben estar confirmadas por una segunda instancia”, dijo Lovera.

Además, rescató una afirmación del constitucionalista Daniel Sabsay: “Es un tema clave de la actualidad la necesidad de tener funcionarios públicos que sean decentes. Siempre me pareció lamentable que personas condenadas sean electas y cumplieran sus mandatos”.

También dijo que en la misma línea, el abogado Daniel Pérez Corti explicó que “para poder ser candidato la Constitución fija una serie de requisitos de idoneidad a la posibilidad de postularse”. Y agregó: “No estamos hablando de algo que ya no exista. Es compatible con nuestro orden Constitucional la incorporación de otros requisitos o exigencias. No se está aplicando una sanción penal sino que se está exigiendo un requisito mínimo para acceder al cargo, de esta manera el debate de la presunción de inocencia no sería el ángulo exacto para razonar esta cuestión”.

“Ya estamos muy cerca de cumplir una década de estar debatiendo estas iniciativas, que evidentemente, no han logrado alcanzar los consensos necesarios. Y tal vez, justamente por ello, nos tendríamos que preguntar si, como decimos a veces, ‘le estamos dando en la tecla’. Esto lo decimos porque entendemos que se trata de una discusión que no sólo debe darse en el seno legislativo”, explicó.

“Me pregunto, y me respondo al mismo tiempo: ¿quiénes de nosotros no estamos de acuerdo en la idea de que quienes administran la cosa pública, quienes sancionan nuestras leyes, quienes imparten justicia, tiene por sobre todas las cosas que ser personas decentes? Sé que todos estamos de acuerdo con esto”, subrayó.

Agregó que “tenemos la obligación moral de reparar en la intención de la iniciativa. ¿Esto tiene que ver con una postura partidaria para marcar el lado de los buenos y el lado de los malos? Si la respuesta es positiva, va a ser muy muy difícil llegar a un acuerdo para alcanzar los consensos necesarios. Ahora, si la respuesta es negativa, sí es posible y absolutamente necesario discutir e intercambiar pareceres”.

“Pero, merecemos un debate más profundo. Nuestros votantes, toda la ciudadanía merece un debate más profundo. Todos deseamos que nuestros partidos políticos tengan las mejores propuestas, pero sobre todo, postulen sus mejores hombres, sus mujeres más valiosas, y la discusión es hacia adentro de los partidos políticos. Significa que tenemos que hacernos cargo y con las responsabilidades que tenemos, dignificar y fortalecer nuestros partidos. Ahí está la clave. Les podría asegurar que si trabajamos, cada uno desde sus principios ideológicos, en la formación permanente y en la democratización de las estructuras partidarias, los candidatos y candidatas serían los mejores”, manifestó.

Lovera dijo además que “debemos ser conscientes que todo aquello asociado a la llegada de personas no decentes, por llamarlas de alguna manera, está fuertemente vinculado a la debilidad institucional de nuestros partidos políticos y a la falta de formación permanente dentro de sus estructuras”.

“Además, debemos poder lograr que quienes administran la Justicia, tomen sus decisiones más rápidamente, que los procesos se cumplan, que el acceso a la información sea transparente y eficaz eso es algo que, con mayor o menos responsabilidad nos compete a todos”, remarcó.

El también titular del Centro Empleados de Comercio de General Pico adelantó que “en principio, de nuestra parte, consideramos que necesitamos profundizar las discusiones y no hacer el caldo gordo a quienes no creen que la acción política transforme de verdad y que de verdad la política tenga que ver con la búsqueda del bien común”.

“Sin embargo, como señalamos al principio, no podemos dejar a un costado el pasado reciente y la coyuntura porque la buena política, además de ser una fuente de profundos valores y principios, también es pragmática y requiere de decisiones que acompañen las transformaciones que se dan en forma permanente en nuestras vidas”.

Lovera señaló también que “ahora bien, es necesario ubicarnos en nuestro primer entorno, la provincia de La Pampa. Aquí ya existen presentados proyectos de ley a partir de los cuales se incorpora a la Ley Electoral de la provincia (Ley Nº 1593), el artículo 12 bis, que refiere al impedimento del acceso a cargos públicos representativos a las personas condenadas”.

“Lograr la sanción unánime de una herramienta para sanear nuestras instituciones públicas sería la muestra cabal de una inmensa responsabilidad política y es crucial para quienes creemos que la democracia es la única opción posible de una buena vida en común”, afirmó.

Consideró que “hemos llegado al límite, necesitamos garantizar el acceso de personas decentes a la acción pública. Hemos llegado al punto en el que debemos volcar nuestras energías en crear las herramientas para que nuestra gente alcance una buena vida. Tenemos que poder mirar más allá de nosotros y la manera de hacerlo es restableciendo los vínculos de confianza con la ciudadanía que nunca debiéramos haber roto”.