No vale la pena intentar analizar los “¿porqués?”; dado que, según a quién escuchemos, la culpa es del otro que estaba antes o de quienes ejerciendo determinado poder político hoy, se los acusa de no tener el manejo y control de estas plagas.

Escuchábamos, como una gran parte de argentinos, las expresiones, los lamentos y el reclamo de los padres de Kim, la bebé arrastrada con un auto robado, con ella en su interior, por dos menores, uno de 17 y otro de 14 años.

Todos lamentan el episodio que fue parte de una serie de hechos de sangre que terminaron con Lucas, Silvia y varios más que engrosaron la lista de los que vivimos aterrorizados por el notable avance delincuencial que ha desbordado las fuerzas de control y vigilancia.

Salir a trabajar en el conurbano bonaerense es una acción peligrosa, no importa la hora, sino que en determinados lugares transitan constantemente los motochorros, se producen los intentos de robos de automotores, que últimamente terminan con víctimas fatales. Asaltan madres que acompañan a sus hijos/hijas, a la escuela. Ya nadie está seguro. Es real que todos estamos en peligro.

A este flagelo social que está sacudiendo las fibras más íntimas de la familia argentina, se le suman las inútiles, desgastantes, impropias del momento que vivimos, excusas lastimosas de la clase política que está utilizando el dolor de la ciudadanía para ganar votos y deteriorar la imagen de los opositores.

Están todos en el mismo juego; realmente dan vergüenza. Se los escucha hablar y todos se sienten impolutos. Esa cantinela de “la culpa es del otro” está afectando seriamente la credibilidad de la sociedad en la clase política. La que funciona en gobiernos, ya sea nacional o provincial, y la que pretende prenderse de la “teta del Estado” a cualquier costo, aún el de su propia dignidad.

Las plagas, se las considera un capítulo bíblico, que señala la acción de Dios contra el Faraón cuando impedía con excesiva maldad el éxito del pueblo judío en busca de la tierra prometida.

Argentina parece estar sometida a los efectos de “plagas modernosas” pero que están impidiendo el desarrollo, el crecimiento, corrompen la convivencia y están transformando el país en una tremenda “bomba” cuya mecha está cada vez más corta.

Todos los que se encuentran subidos a los escenarios que ha logrado montar el presidente libertario Javier Milei, están -suponemos- pensando que es su gran oportunidad. De esta manera, junto a sus equipos elaboran estrategias que pretenden convencer a la comunidad que ellos son los mejores.

Mientras se pelean, insultan, agravian, denostan, la sociedad vive tras las rejas que ha tenido que levantar en sus domicilios, coloca cámaras, establecen alarmas vecinales para avisarse que en la cuadra andan delincuentes. Un panorama desolador dado que pareciera que no se percatan que la sociedad se está deteriorando a pasos agigantados.

Los vecinos piden que la clase política, de cualquier signo ideológico que sea, se una conformando una fuerza homogénea que junto a uno de los Poderes del Estado, la Justicia, procuren alcanzar las metodologías más adecuadas para, entre todos, salir a combatir la horda delincuencial.

Ahora están discutiendo la edad en la cual se marca la inimputabilidad. Los garantistas, que seguro no han sufrido ningún problema en el marco de sus familias o entornos, pretenden con banales excusas justificar la acción de un menor de 14 años o tal vez de menor edad; para quienes la vida humana no tiene ningún valor.

Los discursos “zafaronianos” que transformaron al delincuente en una víctima de la sociedad, ya caducaron. El listado de muertes, violaciones, femicidios, robos con y sin daños humanos, están planteando otra realidad.

Las cárceles dejaron de constituir lugares de placer, donde quienes delinquían usufructuaban de comida y alojamiento gratuito; tenían televisión que pagaba la sociedad, usaban celulares desde los cuales seguían organizando a sus bandas para mantener el “capital”. Los sucesos están señalando claramente que quien transgrede las normas de convivencia y salvajemente pretende imponer el poder de las armas, debe pagar, sin prerrogativas.

Sentir el rigor de estar encerrado, privado de la libertad, alejado de quienes conforman sus familias, si las tienen, forma parte del tratamiento psicológico al que deben ser sometidos para poder reintegrarse a la comunidad una vez cumplida su pena y valorar las marcadas diferencias existentes entre vivir entre rejas o en libertad.

Las “plagas” deben ser atacadas. La sociedad y el Estado tienen herramientas para reconvertir este fenómeno que hoy azota a todo el país.

La ciudadanía les reclama el derecho a vivir mejor.