El escrito fue presentado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes apuntaron contra el fiscal, que decidió dar por clausurada la etapa de la investigación y enviar a juicio a los tres únicos detenidos por ataque a la titular del Senado: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

"Venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso ‘Revolución Federal’ refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad", indicaron los letrados.

"El 29 de mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. Increíblemente, dos días hábiles antes, se agregó al expediente prueba de central importancia de la que el acusador público hizo caso omiso", agregaron.

Asimismo, señalaron que el 23 de mayo “el Juzgado Nº8 del fuero remitió un informe realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en la causa conocida como ‘Revolución Federal’”.

Y continuaron: “Este informe se produjo a partir de un pedido de la Fiscalía Nº11 del fuero de que se realice un análisis de todos los dispositivos secuestrados en ese expediente”. 

Sobre el informe, remarcaron que se analizó “la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal” y como resultado se obtuvo “el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación, consultas de CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”.

A su vez, los abogados hicieron mención a “una conversación entre Jonathan Morel y ‘Dali Revolución’” para destacar que esta última menciona que tiene “una pistola 9mm” y que “quiere usarla en la ‘actividad bala’”. 

“Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado Nº 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio. La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar”, apuntaron.

Los abogados pidieron medidas de prueba

Después de describir llamados de relevancia para la causa, Ubeira y Aldazabal pidieron medidas de prueba como entrecruzamiento de contactos y allanamientos que sirvan en la investigación. 

De esta manera, solicitaron que esas medidas se hagan efectivas, se suspenda la elevación a juicio y, además, que se presente la reserva de caso federal.

“Dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos”, expresaron sobre su último pedido.