Pese al leve avance en las negociaciones abiertas de manera individual en los últimos días con los gobernadores, en la Casa Rosada aseguraron que las posibilidades de discutir y aprobar la previsión de gastos en extraordinarias son escasas. 

“No estamos dispuestos a negociar ninguno de los puntos del comunicado. Si ellos quieren presupuesto, tienen que aprobar el que está”, insistieron tras el documento emitidos en las últimas horas por los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC).

Los reclamos consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares.

Luego de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, una alta fuente anticipó a la Agencia Noticias Argentinas que “habrá extraordinarias”, aunque evitó puntualizar el temario. 

Asimismo, aseguró que buscan debatir reforma política, específicamente la eliminación de las PASO y la modificación del financiamiento de los partidos. 

También estudian sumar la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema, de conseguir los votos necesarios para su aprobación, con la intención de demostrar que se habilitaron todas las instancias institucionales posibles para el nombramiento de esos magistrados por su curso natural.

Si bien en los últimos días los negociadores del Poder Ejecutivo no descartaban avances con las provincias, hoy aclararon que las conversaciones son débiles y que la posibilidad de añadir el Presupuesto 2025 en el temario “es muy baja”, por lo que se espera la prorroga del Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo. 

Por otro lado, y tras un nuevo fracaso de la Cámara de Diputados en su intento por tratar el proyecto de Ficha Limpia que impide a los condenados en segunda instancia poder ser candidatos a cargos electivos, en el Gobierno ven con buenos ojos la chance de tratar esa iniciativa en diciembre a cambio de que el PRO y el radicalismo acompañen la reforma electoral. 

Los socios legislativos del oficialismo miran con recelo al bloque violeta, que en la frustrada sesión de hoy contó con las ausencias de Santiago Santurio, Marcela Pagano, Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, José Peluc, Lorena Maczsyn y Álvaro Martínez, y los responsabilizan de haber acordado con el kirchnerismo a raíz de la insistente estrategia de polarizar con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Si bien los libertarios consideran que se trata de un proyecto que “nadie quiere” y que es más para “sacar bandera” que para restringir judicialmente a los condenados, están dispuestos a trabajar para su sanción siempre y cuando los aliados desistan en sus matices con la ley de reforma para el Fortalecimiento Electoral. 

La idea es avanzar en la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios. 

De darse el peor de los escenarios y no conseguir el respaldo a la reforma electoral, los libertarios consideran que instalar el tema le permitirá al Poder Ejecutivo avanzar, tarde o temprano, con las modificaciones planeadas.