Siempre se ha dicho que la acción de votar es la única herramienta que tiene el ciudadano para expresarse y exponer -de alguna manera- cómo piensa.

Más allá que esta referencia se realiza sobre el pronunciamiento electoral, donde la acción de colocar la boleta en las urnas es secreto, existen otras contingencias en las que quienes han surgido a la función pública, en cualquiera de los poderes a los que se llega a través del voto de la ciudadanía, está recibiendo un mandato.

No todos pueden ser legisladores u ocupar cargos ejecutivos a los cuales se llega a través del sufragio, en razón de ello la ciudadanía elige a quienes o quienes entiende pueden representarlo, respondiendo a un amplio espectro de necesidades y anhelos que la sociedad se forja alrededor de esas personas a quienes les otorga el poder defender sus intereses.

En estos casos, el voto es público y es razonable que se infiera que el mismo es ajeno a “negociaciones” personales, que de ninguna manera responden a los deseos de quienes fueron los “mentores” para que llegue a ese nivel del poder.

Esta última semana abundaron las críticas hacia los que votaron de una manera o de otra y naturalmente afectaron diferentes intereses sociales y económicos. A unos favoreciéndolos -fueron los que aplaudieron- a otros, aparentemente, perjudicándolos, y son los que enojados manifiestan su disconformismo. Como siempre ocurre, la grieta está presente.

Entendemos algo que debería acordar la sociedad es que, quienes tuvieron la responsabilidad de emitir el voto, llegaron ahí por decisión de la ciudadanía. Es decir que la responsabilidad es compartida, o lisa y llanamente deben reconocer que se equivocaron.

Nadie lo hace y resulta más fácil cuestionarlos e inclusive, en algunos casos, hasta se llega a acusaciones de “acuerdos espurios” o los sindica como partícipes del “toma y daca” tan común y habitual en la política argentina.

“El Voto Electoral tiene una identidad dual; políticamente es expresión de opinión ideológica, y jurídicamente es el medio o instrumento que legitima la expresión de la opinión política. Expuesto de esta manera, el voto es un invento social que nació para orientar el sistema de gobierno democrático”.

“Por otra parte, creemos que el voto tiene la primacía del pensamiento soberano del elector, respaldado con la información permanente de un conocimiento cultural objetivo, verificado rigurosamente mediante un proceso de eliminación de errores, en la reestructuración de cambio constante del interés general”.

Dentro de estas definiciones hay indicadores que ponen de relieve que el voto conlleva una carga moral y una expresión de dignidad que si se ejerce erróneamente a la voluntad expresada por quienes le otorgaron ese lugar, está marcando una realidad, aquella que se esconde tras el relato que fue el marco dialéctico con el cual armó una estrategia para llegar a su objetivo.

En su gran mayoría todos los conceptos críticos o favorables que se escucharon, leyeron, vieron, en distintos programas políticos tienen una singularidad en común, señalan aquello que presumen los favorece o los daña.

Alguien diría: “Es la manera de hacer política, estúpido”, y deberíamos aceptarlo no como una expresión fuera de lugar, sino como una sentencia clara de la realidad que venimos viviendo los argentinos desde el advenimiento de la Democracia, hace más de 40 años.

Cuando formulamos la pregunta sobre si es lícito votar por el mal menor, debemos responder primero a ciertos interrogantes, resultando en el análisis el de mayor preponderancia, el que nos permite entender como mal menor: “Toda acción que debe apuntar al bien y evitar el mal, por lo que elegir el mal -aunque no sea tan grave- por voluntad es un acto calificable moralmente como malo, esto significa que el ‘mal menor’ consistiría en un grosero error ético y moral que afecta la decisión que se pretende sea ‘salomónica’”.

Estas definiciones y conclusiones, muchas de carácter filosófico, nos enfrentan a un escenario de conflictos personales de quienes, más allá de su convencimiento ideológico, saben que están eligiendo por el “mal menor” y con ello pretenden disculparse de su accionar cuando, en realidad, están mostrando unas falencias criticables en el plano de lo moral y la responsabilidad que asumieron cuando resultaron elegidos.

“A modo de síntesis, la teoría del mal menor implica el no querer estar envuelto en esta decisión por voluntad y salir lo más rápido posible del entuerto. Por otra parte, si bien no hay culpa, sigue existiendo un daño (por ejemplo, a terceros) y, si es posible no cometer ningún mal y abstenerse de la acción, este debería ser el camino por seguir”. Camino que muchos no siguieron.

No es necesario buscar responsabilidades, los hechos muestran dónde están y quiénes fueron. La realidad es saber si finalmente su determinación, ante la obligación de tener que decidir su voto, se sustentó a en un formal convencimiento y no en la opción de lo menos malo, cuando tenían la posibilidad de abstenerse.

El tema da para muchos análisis y arrojará innumerables conclusiones. El resultado que surja de lo aprobado y aquello que se termine consolidando políticamente, brindará el escenario futuro del país y recién allí se podrá apreciar si los errores existieron, fueron voluntarios o empujados por las circunstancias.