Tras estudios realizados por grupos interdisciplinarios, se arribó a determinadas conclusiones que marcaban un desborde de la violencia que comenzaba por los ámbitos familiares, la ausencia de educación intrafamiliar, donde los ejemplos de los mayores eran una “escuela delictiva” que comenzaban a cursar los más chicos desde cortas edades.

Uno de los factores -que hasta ahora no ha sido definido- es la punibilidad de los niños que cometen delitos de distinta naturaleza. El tema está siendo tratado, pero los desacuerdos entre políticos, educadores, psicólogos infantiles, especialistas en delitos penales, entre otros analistas, son tales que resulta imposible arribar a soluciones, para un problema que hoy se está convirtiendo en un flagelo para la ciudadanía. 

Es un suceso que merece una profundización en su tratamiento, atento a que la ausencia de una madurez psicológica que se encuentra en desarrollo, resulta como un libertinaje mental dada la ausencia de frenos inhibitorios que pongan freno al robo, arrebato, salideras, invasión domiciliaria, especialmente donde habitan ancianos, utilizando la violencia física o armas.

El intento de amedrentamiento va desde los golpes a quienes no pueden defenderse, hasta la agresión con elementos que resultan -muchas veces- mortales para las víctimas.

Es en este lugar donde se produce el vacío legal que se encuentra en discusión. Qué edad es la mínima que puede resultar punible, situación que va en consonancia con las características del hecho delictivo y sus consecuencias.

Puede decirse que todos los delitos son acciones punibles: su concreción acarrea un castigo, después del procedimiento judicial correspondiente que lo confirme. 

Aquí estamos estancados en el discernimiento de si son 12, 13 o 14 los años del delincuente que comete la acción represensible. 

Según los estudiosos de la conducta antisocial en psicología, el delito como fenómeno humano se puede considerar también como: “Serie de comportamientos que causan considerables perjuicios potenciales a los demás e infringen normas profundamente arraigadas y comunes”. 

Se destaca que la norma referida da por cierta esta condición en toda persona menor de 16 años y, por lo tanto, no admite ningún procedimiento para poder verificar la incapacidad psíquica del menor y simplemente la determina de modo arbitrario con este dato objetivo: no haber cumplido los 16 años de edad.

La realidad, ajena a los aspectos reflexivos procedentes de los sectores multidisciplinarios, indica que los menores son introducidos en el delito por los mayores que ven en ellos el camino expedito para realizar todo tipo de acción delincuencial, sin tener activa participación, suceso que los aleja de la normativa penal que sería aplicable.

Los niños aprenden y en algún momento proceden por decisión propia y de esta manera desarrollan lo que que aprendieron sin medir ni ponderar -porque mentalmente no están maduros para hacerlo-, que robar, lesionar y/o matar forma parte del objetivo que se fijaron cuando decidieron incursionar en la rama delictiva de motu propio.

Hoy -y este es el tema cuestionable- el menor de 14 años que cometa un delito resulta ser inimputable, es decir, queda fuera del circuito penal, no siendo por tanto posible por parte del Estado exigirle responsabilidades penales por los presuntos delitos que pudieran haber cometido.

Es una realidad que vivimos diariamente. En el transcurso de los últimos días, en Santa Rosa y General Pico, se han producido hechos delictuosos, algunos realmente graves, porque las víctimas fueron ancianos a quienes castigaron duramente para sacarles si tenían ahorros guardados.

La acción policial actuó -en todos los casos- con eficacia y pudo no solo identificarlos, sino recuperar parte de lo robado. Pero cumplidos los trámites legales correspondientes, recuperaron la libertad. La explicación: “Son menores y hay que entregárselos a sus familias”.

No es el objetivo analizar ni calificar la acción policial y la judicial interviniente, sino en la estructura psicológica del menor, que se siente “poderoso” protegido por la norma de inimputabilidad que los pone a salvo de los aspectos correctivos que corresponderían si fueran mayores.

Hay ciertos condicionamientos pero son a partir de la norma penal que habilita a categorizar a los jóvenes de 15 años punibles en delitos con pena máxima de 15 años o más en el Código Penal de la Nación. Mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se los juzgará cuando el delito cometido tenga pena de 3 años o más. El régimen actual los juzga a partir de delitos con pena de dos años o más.

Pero la evidencia que nos muestra la información diaria nos indica que si un menor de 12 a 14 años puede portar un arma y hacer uso de ella, se convierte en un asesino, más allá que no alcance a comprender la gravedad de su acción y ya debería ser tratado como adulto y no como un niño. Que muestre claros problemas psicológicos merece una consideración especial, pero debe ser apartado de la sociedad en la que demostró no puede vivir.

Según Eric García López, estudioso de criminología manifiesta que: “La edad penal es un tema que debe ser estudiado desde una óptica pluridisciplinar. Se esboza una perspectiva acorde a los planteamientos internacionales de la ONU, la Historia, la Neurociencia y las teorías psicosociales. Subraya la importancia a que está llamada la Psicología Jurídica-Forense en el tratamiento del tema y su implicación correspondiente”. 

El tema adquiere una importancia de enorme magnitud, en especial cuando los indicadores sociales marcan un crecimiento exponencial de la delincuencia infanto-juvenil, sin que se cuente con la adecuadas normativas que puedan ser aplicadas para normalizar, educar y reacondicionar la sociedad argentina.

Hace años que golpeaban en la puerta del vecino, hoy están en Argentina.