Hasta allí no habría demasiado que discutir y muchos menos opiniones que contradigan o resulten opuestas a la medida recientemente anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que señaló en su aparición diaria ante representantes de la prensa que: “El Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner”.

El anuncio. “Significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 de pesos”, sostuvo el funcionario. Desde Estados Unidos, Milei afirmó: “El que las hace, las paga”.

Aplausos, tiremos cañitas voladoras, cohetes, rompeportones, pongamos música y mostremos alegría por lo resuelto a nivel gobierno de Javier Milei. Hasta aquí una disposición a medida de la sociedad que reclama, igualdad de tratamiento y derechos, según lo reza la Constitución Nacional a lo externo de varios de sus capítulos.

Dice Roberto Postiglione en la Revista del Derecho Nº 7780, pág-1 de Universitaria S.R.L: “Las jubilaciones de privilegio atentan contra el principio de igualdad establecido por la Constitución”.

La resolución enunciada por la vocería presidencial sería un indicativo que en el marco de su planificación está presente: “Proponer la derogación de las jubilaciones de privilegio para el presente, pasado y futuro, por ser violatorias del principio de igualdad que reviste el carácter de norma de orden público constitucional de jerarquía superior a cualquier norma legislativa”.

El tema no es novedoso, dado que ya se planteó y se judicializó con un resultado favorable a la ex presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, durante la presidencia de Mauricio Macri, que pretendía se anulara el privilegio y se le limitara el acceso a la doble jubilación dado que cobra, también, la pensión de Néstor Kirchner.

Sin lugar a dudas, esta situación conforma la creación de un nuevo escenario en el cual el Estado Nacional dispone una medida que tiene carácter administrativo, que sin lugar a dudas la parte afectada apelará a los recursos legales que le permiten rechazar una medida, que está basado en los antecedentes emergentes de los juicios y condena que hoy ostenta -aún no firmes- la ex mandataria.

Casi con simultaneidad se anuncia que ya estaría elaborándose una nueva legislación que anule todas las jubilaciones de privilegio. Cabe consignar que la solicitud pretendida tenga alcance retroactivo, dado que existen numerosas jubilaciones y pensiones de esta naturaleza, aunque la legislación vigente es clara y precisa.

El principio de irretroactividad significa que las leyes rigen para el futuro. La nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya terminadas ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes.

Está claro, aunque siempre existen los criterios de las “dos bibliotecas” a los que tendrá que apelar La Corte Suprema, Poder que deberá resolver las cuestiones que indudablemente serán planteadas.

Uno de los aspectos, de los cuales ya existen antecedentes jurídicos, hace expresa referencia a que: “En derecho, la retroactividad es la aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley. Debido al principio de seguridad jurídica que protegen la certidumbre sobre los derechos y obligaciones, por regla general la ley no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a su sanción”.

Surgirán en los próximos días y creemos que se extenderán en el tiempo, todos los mecanismos existentes en ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial, que a todas luces, serán los encargados de desmalezar las presentaciones que se realizarán desde todos los sectores que hoy están subidos al escenario del conflictivo tema de privilegios, jubilaciones sí, jubilaciones no.

Decidir sobre los derechos adquiridos y su alcance. La relación entre un derecho consignado constitucionalmente que favorece a presidentes, vice presidentes, ministros del Poder Judicial, entre otros que se ven beneficiados con esa prerrogativa.

Un difícil marco jurídico a resolver, al cual el gobierno lo ve como un objetivo a concretar y que está dentro del cuadro de castas, privilegios y prebendas que son una pesada carga para el erario público.

La “pelota” ya está en la cancha y los jugadores listos para la contienda.

No nos falta nada a los argentinos. La tarea de cambiar nos lleva a barrer con más de 100 años del desarrollo político con formas democráticas que hoy se suponen escaladas delincuenciales.

La realidad indica que nada será tan fácil. Javier Milei ya puso el “tema” en la picota pública y hoy es herramienta para el periodismo que lo tendrá en primera plana hasta que: o se agote o se resuelva para un lado o para el otro.

Una estrategia habitual del presidente libertario.